Licencia de maternidad y los cuidados del recién nacido: ¿para dónde va Colombia?

Gina Caicedo y Roberta Flaborea 

La concepción sobre la niñez ha ido evolucionado a través de los años. Las investigaciones, estudios longitudinales y algunas otras técnicas han permitido reconocer los procesos biológicos, físicos, cognitivos y socio-afectivos que se presentan en esta etapa del desarrollo y la relación directa que estos tienen en aspectos como: la salud, la calidad de vida y los procesos escolares (rendimiento académico). Los resultados de estos estudios se han traducido en compromisos mundiales que propenden por la atención integral de la primera infancia; desde el presupuesto de que esta inversión en capital humano representará para los países un retorno económico a mediano y largo plazo.

En atención a esta apuesta mundial por la primera infancia, Colombia ha venido adelantando diversos procesos para la atención corresponsable de este grupo poblacional, especialmente en relación con la atención institucionalizada. Sin embargo, los resultados de los estudios también evidencian que resulta indiscutible la necesidad de los recién nacidos de estar bajo la protección de sus padres, ya que entre otros beneficios, el cuidado de los padres durante los primeros meses de vida, trae consigo: la reducción de la muerte de lactantes, mayor inmunidad para los bebés asociada a un mayor tiempo de lactancia materna, mayor probabilidad de que los bebés tengan consultas médicas periódicas y el esquema de vacunación regular completo. Entendiendo lo anterior como una cuestión de salud pública, el pasado 4 de enero el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1822 que incrementa la licencia de maternidad, de 14 a 18 semanas, para las mujeres.

  Así, al igual que otros países de la región, como Brasil y Chile, Colombia da un paso más en garantizar la salud de la mujer y de los niños en temprana edad, lo que puede ser considerado un gran logro para las familias colombianas. Sin embargo, la discusión sobre el cambio de la ley en el país, trajo consigo un debate desde otra perspectiva: la perspectiva de género. Desde esta perspectiva se alude que el cambio de la legislación puede ocasionar diferencias acentuadas en términos de la contratación de hombres y mujeres, así como una tendencia inequitativa de las responsabilidades que históricamente se han asociado al género femenino.  

Con respecto a la contratación, algunos sectores plantean que estar 18 semanas por fuera del puesto de trabajo genera gastos adicionales a las entidades contratantes y en ocasiones puede generar la supresión de los cargos, dado que las tareas se dividen entre otros trabajadores. En el informe denominado “Maternidad y mercados laborales, el impacto de la legislación en Colombia” desarrollado por Tribín y Vargas (2016) para el BID y el Banco de la República de Colombia, se identificó que en el cambio de legislación sobre licencia de maternidad correspondiente al año 2011, existió una disminución de la probabilidad de contratación en las mujeres en edad fértil (entre los 18-30 años), lo que puede acentuar su desplazamiento a los trabajos informales.

Esta coyuntura se acrecienta por aspectos como la no autorización de las mujeres de compartir este tiempo con sus parejas, quienes finalmente, y de acuerdo con la Ley María, solo cuentan con una semana para acompañar de manera permanente, la crianza de sus hijos; esto en contraste con países como Finlandia y Suecia, en donde el tiempo de licencia es compartido y cada pareja decide la distribución del mismo. En consecuencia, pareciera que existe una mirada sobre la crianza y el cuidado del recién nacido, como responsabilidad solamente de la madre, lo cual puede ser considerado como discriminación de género, al no considerar los cuidados del recién nacido como un ejercicio de corresponsabilidad de la pareja. 

De acuerdo con lo expuesto, aunque en términos legales pareciera que existen grandes avances, es necesario que Colombia continúe avanzando en diversos aspectos. Desde el componente legislativo, es necesario avanzar en la consolidación de los derechos de las familias, en las que se incluyan entre otras, alternativas como la división de los tiempos de licencia entre la pareja. Sin embargo, estos cambios legislativos, deben darse de manera paralela con un avance a nivel social y cultural, y allí es donde Colombia y en especial la educación (formal e informal) tiene sus mayores retos.

Solo, en la medida en que podamos educar generaciones más equitativas, respetuosas de la vida, del otro y del entorno, será posible continuar avanzando en la crianza y educación de la primera infancia como un ejercicio de corresponsabilidad. Mientras continúe primando el interés individual por encima del interés común, será muy difícil avanzar en la construcción de sociedad.