LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONTROL SOCIAL

Rocio Quintero Gil

Existe una gran preocupación por parte de diferentes organismos internacionales y monetarios, en relación con el sector educativo, y un marcado interés en la transformación de los fines y objetivos de la educación. Estos propósitos, inherentes al tipo de sociedad que se pretende formar generan expectativas y metas, que se expresan en la orientación y en el contenido de la política educativa. En tal sentido, el neoliberalismo se implantó como una ideología que incluía el control social a partir del establecimiento de orden, pautas, valores, normas y conductas que se establecen a través de diferentes mecanismos, entre los cuales se encuentra la educación como medio relevante para la regulación social.

De esta forma, fueron los Estados quienes asumieron la política neoliberal como consolidación del pensamiento hegemónico, e introdujeron la lógica mercantilista en todas las facetas de la vida, reduciendo las responsabilidades del Estado a su mínima expresión y garantizando la producción de capital a la empresa privada, mediante el planteamiento del libre mercado, el recorte presupuestal y la promoción de la privatización en diferentes sectores. Con respecto a la educación, su objetivo se centró en la desaparición progresiva del sector público y al apoyo a la red privada, pues en definitiva “El interés obedece tanto a la amplitud del concepto servicios en los acuerdos comerciales como a las enormes posibilidades de obtener ganancias” (Yepes, 2004, p. 22). Es así, como se modifica la visión de ciudadano como sujeto de derechos, y pasa a convertirse en cliente, entendiéndose como el centro de interés del mercado educativo, siempre y cuando tengan el poder adquisitivo suficiente para obtener una “educación de calidad”.

Por otra parte, siendo la educación un requisito ineludible a nivel legal y social, y el único camino que posibilita el ascenso social, se transforma en un objeto de comercialización obligado. En la medida en que existe una “necesidad” de obtener a toda costa una certificación de los niveles de formación y los aprendizajes que se tienen, en tal sentido, la comercialización del saber se ha transformado en uno de los productos con mayor capacidad de transformación en un bien de consumo, tal como lo menciona Aníbal Ponce (1977) en su obra “Educación y lucha de clases”, en donde caracteriza la educación burguesa como esa transformación del saber en un capital tangible. De lo anterior, se puede inferir que el Estado debe restringir la responsabilidad estatal en el financiamiento y prestación del servicio educativo, en aras de respaldar el libre mercado, pero también es necesario, resignificar la función de la educación en el sujeto que se pretende formar, puesto que se debe atender a un potencial consumidor y elemento de la fuerza de trabajo, en el entramado que es el sistema capitalista.

Ahora bien, la calidad en la educación se ha convertido en un elemento mediante el cual se establecen mecanismos que determinan distinciones y jerarquizaciones, que califican o descalifican, estableciendo una educación “instrumentalizada en favor de los objetivos del desarrollo, su relación con el individuo se redujo a la capacitación para el empleo bajo la ilusión del ascenso social” (Rodríguez, 2000, p. 117), a fin de producir una regulación en el sujeto que se está formando y los propósitos de alineación social, atribuyendo a los actores del proceso educativo, es decir, a los docentes y a las instituciones la responsabilidad de la calidad y la construcción de un modelo de sociedad que satisfaga las necesidades del sistema económico mundial, desactivando competencias de análisis y crítica de la realidad del contexto, limitando el sistema a un modelo de competencias e intereses colectivos, que sólo podrían lograrse fragmentando el sector educativo, promoviendo la competencia entre las instituciones, desincentivando la educación pública a través de recortes presupuestales en detrimento de las condiciones laborales de los docentes, así como la segmentación de los estudiantes según su rendimiento escolar, ofreciendo mayores beneficios a quienes logren obtener ciertos estándares, dejando de lado el fomento de la conciencia crítica, la emancipación y la acción directa en contra del sistema económico establecido por la política neoliberal.

De esta manera, el Estado, bajo la corriente del libre mercado organiza la educación desde la política pública, favoreciendo los intereses privados, proporcionando la regulación correspondiente y creando instituciones que hagan cumplir la normatividad, de manera que los recursos se distribuyan racional y eficientemente. Es decir, “No se trata de desconocer las fuerzas del mercado, sólo debe tenerse en cuenta que éstas interactúan con una gama muy variada de instituciones.” (Estrada, 2002, p. 34). Se trata entonces, de darle fuerza a la educación pública, mediante herramientas que permitan alcanzar el proyecto de país que la comunidad reclama, en lugar de atender los intereses particulares de algunos sectores de la política, generando así un sistema educativo que gestione de manera óptima los recursos, con la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

Sin embargo, para logar el éxito del control social éste debe permear todas las dimensiones del ser humano, de manera que se formen individuos con pasividad, inmovilismo y ausencia de participación social, lo que podría llamarse la sumisión de la población, de forma tal que se produzca una servidumbre voluntaria, tal como lo señala Étienne de la Boétie (2009); por lo anterior, la educación debe estar impregnada de una ideología competitiva, en busca de un lugar privilegiado en la sociedad por su capacidad para acumular capital, lo cual se alcanza a través de un currículo congestionado, fragmentado y preocupado por alcanzar los estándares internacionales en determinadas pruebas, que mantengan en la competencia del mercado a instituciones y por supuesto, que garanticen las condiciones laborales, para poder seguir sosteniendo el modelo de desarrollo económico neoliberal.

Para finalizar, basta con decir que la educación al igual que muchos otros derechos, se ha convertido en parte de sectores de la economía, con falsas utopías como la libertad de elegir, la equidad, la autonomía, la calidad, la eficiencia, y la paz, entre otras, que se han incorporado sólo en el discurso, mientras que por su parte, las violentas reformas en la política pública se insertan para atomizar los espacios sociales, homogenizarlos y degradarlos; valdría la pena replantearnos el país que queremos y las características del sujeto que construye país, de manera tal que podamos exigir una educación que posibilite el sueño de un sistema escolar que sea el eje de transformación de la realidad en que vivimos y que nos permita retomar la idea del tan anhelado Estado Social de Derecho.

 

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REFERENCIAS

Boétie, E. de la. (2009). El Discurso de la Servidumbre Voluntaria. Terramar.

Estrada, J. (2002). Viejos y nuevos caminos hacia la privatización de la educación pública—Básica y Media—En Colombia. (1a. Edición). Universidad Nacional de Colombia.

Ponce, A. (1977). Educación y lucha de clases. Editorial Latina.

Rodríguez, A. (2000). Cambio y reformas en educación: El papel de los maestros. En El maestro protagonista del cambio educativo. Tercer Milenio, Convenio Andrés Bello. Editorial Magisterio.

Yepes, A. (2004). La Educación en el ALCA. ¿Al servicio de quién? Diakonia.